La democracia ateniense floreció entre el 508 a.C. y el
404 a.C. En su esencia, este sistema otorgaba el poder al pueblo, quienes
elegían a sus funcionarios y aprobaban leyes en asambleas. Las democracias
contemporáneas se consideran una evolución de este concepto, basándose en la
libertad del pueblo para elegir a sus representantes.
De forma gráfica, podemos representar una democracia
como una pirámide invertida, donde el poder reside en el pueblo, la parte más
amplia. Por otro lado, repúblicas representativas, monarquías parlamentarias e
incluso dictaduras, se asemejarían a una pirámide convencional, con el pueblo
situado en la parte inferior.
Es evidente que la democracia ateniense necesita adaptarse
a la realidad actual. A diferencia de esta, hoy las mujeres tienen derecho al
voto y la esclavitud ha sido erradicada. Otros desafíos, como la participación de
sociedades más amplias y las condiciones del sufragio, son perfectamente
abordables.
Sin embargo, las democracias contemporáneas temen que el
poder en manos del pueblo pueda resultar en la pérdida de derechos y libertades
individuales debido a la llamada “tiranía de la mayoría”. Por esta razón, se
estableció la separación de poderes en los ámbitos legislativo, ejecutivo y
judicial como mecanismo de protección. No obstante, el hecho de que los jueces
puedan ser elegidos según intereses políticos, e incluso personales, es un
claro indicador de que algo no funciona correctamente.
En relación al temor de perder derechos
constitucionales, aunque posible, no se compara a la controvertida situación
actual de los derechos, como el de a la vida.
En cuanto al derecho a la igualdad, aún enfrentamos
diferencias entre sexos, subdividiéndonos en imaginativas categorías en lugar
de utilizar un término más unificador e igualitario como "personas".
El idioma también se convierte en un factor que diferencia a las comunidades en
nuestro país, ya que algunas exigen mantenerla para contratar o educar en
contra del artículo 14 de la constitución.
Es innegable que existe una desigualdad manifiesta ante
la ley, con diferencias entre políticos aforados y comunidades autónomas en
comparación con la población general. Otros aspectos interesantes, como el
derecho a la vivienda, se consideran más una obligación de los poderes
públicos, quienes aún no encuentra soluciones adecuadas. La protección de la
propiedad privada también se encuentra en tela de juicio, tanto en casos de
allanamiento como en leyes que reducen las penas por usurpación o por intervención
en los alquileres.
Hay muchas razones para cuestionar si el sistema actual
es una versión evolucionada de la democracia o más bien la de un sistema
feudal. Sin embargo, lo que es innegable es que los temores acerca de la
tiranía de la mayoría aún están por verse, mientras que la tiranía de unos
pocos es un hecho comprobado.
Si el pueblo no tiene poder de control sobre sus
representantes, no le llames democracia.
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